La primera suspensión fue anunciada por la Procuraduría el pasado martes, del médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción que declaró el fallecimiento del prófugo. En ese momento, la Procuraduría informó que no descartaba someter a la justicia al galeno cuando concluya la investigación.
Al otro día, el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión de los jueces de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta, y de San Cristóbal, Willy de Jesús. Jiménez Acosta fue la magistrada que dispuso la variación del régimen de cumplimiento de la pena, de privación de libertad en un recinto penitenciario a prisión domiciliaria, y De Jesús, el juez que aprobó el traslado del condenado del centro de corrección y rehabilitación de Najayo, al Centro Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.
La jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís ha defendido su honorabilidad y su actuación en el caso y afirmó que actuó atendiendo a recomendaciones del Ministerio Público, que indicaban que el reo padecía de un cáncer terminal en la lengua.
Ayer, la Procuraduría confirmó que el Consejo Superior del Ministerio Público dispuso el viernes la suspensión de dos miembros del Ministerio Público y un supervisor del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, acogiendo la solicitud de la Inspectoría General.
Los suspendidos el viernes son el procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco, Felipe de Jesús Restituyo Santos; el procurador adjunto de esa Corte de Apelación, José Calasanz Morel, y del encargado de la Supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Franklin Ortega.
La Procuraduría precisó en un comunicado que ha dado pasos concretos en el transcurso de la investigación para someter a la justicia a las personas que se establezca tienen comprometida su responsabilidad penal, ya sean jueces, fiscales, médicos, personal penitenciario o del sector privado.
El martes, 3 de octubre de 2017, la Procuraduría informó que Castillo Paniagua no ha fallecido. Solicitó a la Policía Nacional y a la Interpol, la captura del prófugo.
Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad, no solo del sistema judicial, sino también del penitenciario y del sector médico.
Con reportes médicos falsos, como se ha establecido, el condenado a 20 años de prisión por homicidio, logró su traslado del centro de corrección y rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, al de Vista del Valle, en San Francisco de Macorís. También, el cambio de lugar del cumplimiento de la pena, de un recinto penitenciario a una casa; y, finalmente, el que un médico legista certificara su muerte, logrando un acta de defunción.
Como se observa, han sido detectadas una serie de irregularidades, en las que han estado envueltos jueces, fiscales, médicos, y personal de vigilancia penitenciaria. Pero, además, han sido dictadas múltiples resoluciones judiciales en tribunales de diferentes grados, tanto condenatorias como favorables al imputado.
Castillo Paniagua fue condenado a 30 años de prisión el 13 de abril del 2010 por el tribunal colegiado de San Cristóbal, al ser hallado culpable de asesinar al presunto narcotraficante Adolfo Cervantes Arellano (Waikikí), quien a su vez era investigado por el asesinato, en marzo de ese mismo año, del oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Guillermo Tejada Krawinkel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario