Corte de apelaciones en EEUU niega peticiones a Luis Álvarez Renta

Las principales.com- La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos negó dos solicitudes sometidas por el economista y asesor financiero Luis Álvarez Renta, quien guarda prisión en República Dominicana por el caso del fraude del Banco Intercontinental (Baninter). A través de sus abogados, Álvarez Renta había solicitado que ese tribunal reconsiderara como prueba adicional para su caso civil la sentencia dictada por la Corte de Apelación de la República Dominicana, que lo condenó a una pena de 10 años de prisión. Según la petición de los abogados de Álvarez Renta, el fallo de la justicia dominicana significa que los casos ante las cortes estadounidenses no podían continuar, debido a que la corte dominicana había fallado sobre esos mismos asuntos.La apelación había sido presentada por Álvarez Renta y sus abogados el 18 de junio pasado, y la decisión del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos se produjo el pasado 10 de septiembre, y está firmado por el juez Scott Coogler, de Alabama. La decisión consta de una página.La segunda petición de Álvarez Renta a la Corte de Apelación de los Estados Unidos era que se le permitiera una nueva audiencia en relación a su caso, para ofrecer nuevos datos que confirmarían su inocencia. La Corte de Apelación igualmente negó la solicitud. En ambos casos se trata del proceso civil que se sigue al economista a iniciativa de la Comisión de Liquidación de Baninter, y por el cual fue condenado al pago de 176.9 millones de dólares, el triple de la cantidad por la que se le acusó a instancias del Banco Central de la República Dominicana y la Comisión de Liquidación de Baninter.Para el caso en los Estados Unidos, todavía a Luis Álvarez Renta le queda un recurso: acudir ante la Corte Suprema norteamericana, para que considere su caso. Los abogados que llevan el juicio por la parte demandante, de la firma Tew Cardenas, entienden que las posibilidades de que la Corte Suprema acepte la apelación de Álvarez Renta son remotas, porque existe la costumbre de que esa instancia no considere las apelaciones que se le formulan, salvo casos excepcionales en los que entiende necesario establecer precedentes jurídicos.